“Digital inclusion examines the social benefits and tangibles outcomes that different users can gain from acces to and use of TIC. (…) can be defined as “the interaction between offline socially advantaged positions and digital inequalities in relation to the socially valuable resources we stand to gain from the Internet”.

Sede subregional de la CEPAL para el Caribe, 2023

La temática de la inclusión digital puede considerarse una dimensión fundacional de las Conferencias Ministeriales de la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (CMSI), tal y como se argumentaba en entregas anteriores de este post. Si se parte de esta premisa, el interés del presente análisis se centra, en esta ocasión, en dilucidar en qué medida el tema de la inclusión digital ha preservado su relevancia a lo largo de las casi dos décadas de existencia de este mecanismo intergubernamental, y más importante aún, valorar cómo se ha incorporado en las agendas construidas en el marco del mismo.

La distinción entre una perspectiva meramente tecnológica (que privilegia el desarrollo de las TIC como un fin en sí mismo) y otra que concibe el progreso tecnológico como una dimensión del y para el desarrollo social, es un punto común en la retórica internacional sobre estos temas. La interrogante ¿desarrollo DElas TIC o las TIC PARAel desarrollo? concentra esta disyuntiva. La temática de la inclusión digital, se coloca aquí como un tema neurálgico, a favor del segundo enfoque referido.

Una revisión de los documentos de política de las ocho ministeriales celebradas hasta la fecha en la región, permite identificar al menos dos aspectos a través de los cuales se verifica la incorporación de este segundo enfoque.

• Integración de las TIC a políticas sectoriales de alto impacto social.
• Políticas sociales focalizadas en sectores vulnerables.

Los ámbitos de la educación, el de la salud y más recientemente el de la seguridad social, han sido concebidos como importantes receptores de las políticas TIC propuestas en el marco de las CMSI. Esto fue particularmente evidente en las primeras ediciones de estas ministeriales para el caso de salud y educación. La eLAC 2010, en especial, identificaba estas dos últimas entre sus tres prioridades de política. La integración de las TIC a estos sectores de amplio impacto social ha tenido importantes expresiones en las propuestas de desarrollo de programas de capacitación que contemplan la creación de habilidades digitales, la disponibilidad de equipos y conectividad de calidad, y la digitalización de los procesos organizacionales asociados a cada sector.

La focalización en sectores identificados como vulnerables ha sido otra piedra angular del enfoque TIC PARA el desarrollo, de las ministeriales. Entre estos han tenido particular peso las personas con discapacidad y las mujeres. Menores han sido sin embargo las referencias a otras condiciones sociales que afectan igualmente el propósito de la inclusión digital y que no tomarlas en cuenta restringe de manera significativa la identificación del universo de grupos vulnerables, como los desempleados, los analfabetos, los desprotegidos por la seguridad social, por citar sólo algunos ejemplos.

El reconocimiento de las disparidades regionales a lo interno de las naciones en términos de zonas menos favorecidas, rurales, remotas, entre otros distintivos, ha estado igualmente presente en la agenda regional.

Sin embargo, la efectiva articulación de un enfoque de las TIC PARA el desarrollo encuentra importantes obstáculos en un contexto regional marcado por profundos problemas sociales. Según el informe más reciente sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, nuestra región se caracteriza por:

• problemas estructurales de larga data (baja inversión y productividad, informalidad, desocupación, escasa cobertura de los sistemas de protección social y salud, y altos niveles de desigualdad y pobreza).
• la exclusión de amplios sectores de la población en términos de acceso a la educación, la salud, la seguridad y la justicia.
• baja creación de empleo de calidad.
• la ausencia de sistemas de protección social universales.
• la pertenencia de la mayor parte de la población a los estratos vulnerables (entendida la vulnerabilidad tanto el encontrarse el individuo en una situación de pobreza como encontrarse igualmente en riesgo de volver a la pobreza ante un choque negativo sobre la economía).

En un estudio reciente sobre las políticas públicas de inclusión digital en el Caribe, se asume como premisa el hecho de que los niveles de inclusión digital están fuertemente influenciados por variables de índole socioeconómico y cultural. En esta misma dirección, la Future Digital Society ha planteado que la inclusión digital requiere desarrollar la capacidad no solo de los “digitalmente sub representados de acceder y utilizar las TIC”, sino de la de aquellos grupos tradicionalmente marginados. Ambas presunciones enfatizan (acertadamente desde la perspectiva compartida en este artículo), la centralidad del contexto social más amplio en el que las políticas TIC se articulan e implementan.

Una aproximación a las CMSI desde este prisma, revela una ausencia notable de pronunciamientos acerca de las condicionantes socioeconómicas que limitan en la región el potencial impacto de las TIC en términos de inclusión y desarrollo social. De este modo, las áreas de acción y propuestas de política se han restringido de manera notoria a la esfera exclusiva de las TIC (lo que contradice en esencia el enfoque TIC PARA el desarrollo), desconociendo por ende otras cuestiones que inciden directamente en las metas y planes trazados.

La excepción de la regla es la eLAC 2015. En la cual se reconoce que “persisten la pobreza y la desigualdad, así como la informalidad y el desempleo”. Asimismo, se plantean la “necesidad de aumentar la cobertura y calidad de la salud para los sectores más vulnerables” y de “avanzar en la universalización del derecho a la protección social en un contexto de elevada inseguridad del empleo”.

De manera general, el reconocimiento de los vínculos entre desigualdad social e inclusión digital han permanecido como una importante deuda de las CMSI con el enfoque social que preconizan. En este sentido cabe enfatizar que cualquier agenda regional que se proponga avanzar las TIC para el desarrollo, se verá grandemente limitada si no se toma en cuenta como correlato la mejora de las condiciones socioeconómicas de la región. Este último debe de ser un tema transversal y nunca tangencial si ha de cristalizar el prometido rol de las TIC en el progreso social de la humanidad.